Por Cuba

Por Aleida Godínez

Un insólito documento -emitido por la organización Amnistía Internacional en el año 1999-, que desvió la atención a favor de una campaña mundial sobre violaciones de los Derechos Humanos en Estados Unidos, cuenta entre aquellos a los que accedí gracias a la generosidad y el interés por denunciar la injusticia que primó en Philip Agee, Ex Agente de la CIA, fallecido recientemente, a quien conocí en el 2004 durante IV Encuentro Mundial de Corresponsales de Guerra celebrado en La Habana.

Es imprescindible hacer un alto en el camino para que el lector conozca que, bajo el manto del respeto a los Derechos Humanos en Cuba, cada año se dedica un Capítulo del Informe por Países sobre la Situación de los Derechos Humanos presentado por el Departamento de Estado al Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Este informe anual forma parte del montaje mediático y la propaganda que ejerce el gobierno de ese país sobre una supuesta crisis en la Isla, por la violación de los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, de la cual Cuba es signataria.

Anualmente la Organización No Gubernamental Amnistía Internacional publica un informe bastante parecido al del Departamento de Estado, tomando como fuente, supuestamente fidedigna para sus analistas, las informaciones (desinformaciones) que repiten, a cambio de fuertes sumas de dinero los mercenarios a sueldo del gobierno norteamericano en Cuba, que son enviadas al exterior por diferentes vías, entre ellas las emisoras subversivas radicadas en el Estado de la Florida o entregadas personalmente a funcionarios diplomáticos norteamericanos, en su mayoría Oficiales de la Agencia Central de Inteligencia enviados a La Habana con status diplomático, con la misión expresa de atender especialmente a los más destacados cabecillas contrarrevolucionarios.

El Gobierno de Estados Unidos no reconoce las violaciones de los derechos humanos en su país y se niega a aceptar voluntariamente la investigación in situ por expertos de otros países, tal como siempre han intentado imponerle a Cuba a través de relatores especiales.

Por lo desgarradores que me resultaron algunos testimonios del informe presentado por Amnistía Internacional -de unas 155 páginas- que abarca aspectos de brutalidad policial, tortura en prisiones y cárceles, tratamiento a solicitantes de asilo político, brutalidad en la aplicación de la pena de muerte, entre otros y  que logró desviar la atención del mundo hacia estos hechos, generando severas críticas de los sectores más derechistas es que comparto con los lectores uno de los casos que allí aparecen recogidos:

Anthony Báez estaba jugando al fútbol en la calle con sus hermanos una tarde de diciembre de 1994, en Nueva York, cuando su pelota golpeó sin querer un coche patrulla estacionado en el lugar; un agente de policía furioso lo agarró por el cuello, en tanto otros agentes le presionaron con la rodilla en la espalda mientras yacía boca abajo en el suelo. Anthony murió asfixiado. “Después se supo que el agente tenía un largo historial de brutalidad –se habían presentado al menos 14 denuncias anteriores contra él-, no obstante, seguía en el servicio activo. Le juzgaron pero fue absuelto. Lo trágico es que la historia de Anthony Báez no es un incidente aislado: el Departamento de Justicia recibe todos los años miles de denuncias de abusos cometidos por la policía, aunque muchos consideran que éstas sólo son la punta del iceberg”.

Según Amnistía:
“En los centros penitenciarios de todo el territorio de los Estados Unidos se violan los derechos humanos de los reclusos. En muchos de ellos, la violencia es endémica. En algunos casos, los guardias ni siquiera se molestan en impedir que los presos se agredan entre sí, mientras que en otros son los propios guardias quienes atacan a los internos y los someten a palizas y agresiones sexuales. Tanto en los centros penitenciarios para presos que cumplen cadenas de más de un año (prisons), como en los centros para detenidos, presos preventivos y presos que cumplen condenas de menos de un año (jails), se utilizan, para inmovilizar a los reclusos, métodos mecánicos, químicas y eléctricos que constituyen un trato cruel y degradante y, en ocasiones, incluso ponen en peligro la vida de los presos. Ni siquiera escapan de esos abusos las mujeres embarazadas o los enfermos mentales”.

Amnistía destaca la privatización del sistema penitenciario estatal de los Estados Unidos, que en busca de reducir los costos que originan los presos al estado, recurren a empresas privadas para que se encarguen del mantenimiento de los mismos. Y cita el informe:”A consecuencia de ello, el encarcelamiento se ha convertido en uno de los negocios con mayor crecimiento en los Estados Unidos, una industria que genera grandes beneficios para unas empresas que actualmente alojan a más de 77 000 presos y detenidos”. (Hasta 1999)

Mas adelante hace énfasis en el uso de sustancias químicas, como Mace y el CO pepper spray, más las pistolas paralizantes. Pero describe también otra arma de horror: el cinturón eléctrico paralizante: “El cinturón, que puede ser activado por un guardia con sólo pulsar un botón, provoca una fuerte descarga eléctrica que causa un dolor agudo y una incapacitación instantánea. Según las instrucciones del fabricante, el cinturón, al activarse, hace caer al suelo al recluso y puede provocar una reacción que le haga defecar u orinarse”.

El propio Philip Agee escribe en su libro “Derechos Humanos en Estados Unidos”, luego de un análisis minucioso del citado Informe, que de acuerdo a Amnistía la pena capital es arbitraria, injusta y racista. Y cita: “Desde 1990, en Estados Unidos han sido ejecutadas más de 350 personas, que se sepa, se trata del país con el número más elevado de presos condenados a muerte: más de 3 300 personas aguardan a ser ejecutadas por las autoridades estadounidenses”.

Hace especial énfasis en la actuación del Presidente Clinton durante su campaña electoral de 1992, cuando era aún gobernador de Arkansas que interrumpió su campaña para retomar el gobierno de ese estado y denegar el indulto a Ricky Ray Rector, un condenado a muerte deficiente mental y además de raza negra. “Tal era el poco entendimiento de lo que le iba a pasar que pidió que se le guardara el postre de su última comida para comerlo más tarde”.

El informe de Amnistía al referirse a las ejecuciones menciona este caso: “Pedro Molina fue ejecutado en Florida en 1997, en la silla eléctrica. Los testigos de su muerte describieron cómo habían brotado llamas de la máscara que le cubría el rostro; los funcionarios, al ver las llamas, interrumpieron prematuramente la descarga de 2 000 voltios”. Según Philip este caso adquirió gran connotación popular, pues luego de apagar las llamas activaron de nuevo las descargas. En un acto de cinismo sin límites, “El fiscal general de Florida pareció vanagloriarse de este mal funcionamiento del sistema al decir: quien desee cometer un asesinato, que no lo haga en el Estado Florida, porque tenemos problemas con nuestra silla eléctrica” […] “el líder de la mayoría del Senado de este estado comentó: Una muerte sin dolor no es castigo”.

Sería formidable que el Presidente Barack Obama, que el próximo 10 de diciembre recibirá el Premio Nóbel por la Paz, quien según el criterio de cinco personas elegidas por el parlamento noruego siguiendo el espíritu y la voluntad del inventor y filántropo sueco “ha trabajado más y mejor a favor de la fraternidad de las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos y la celebración y promoción de procesos de paz”, aproveche para evitar que tales prácticas sigan cometiéndose   en su país.

Que cuando regrese a casa con sus tres millones de dólares en el bolsillo, su medalla de oro y su diploma, decida de una vez y por todas suprimir el bloqueo económico mas largo de la historia de que es víctima el pueblo cubano y de una vez y por todas abra las puertas de sus celdas a  Gerardo, Antonio, Ramón, Fernando y René, quienes desde hace once años son víctimas de la parafernalia política que no sólo pone en peligro cualquier proceso de paz y fraternidad entre las naciones, sino que pone al mundo al borde de un holocausto al permitir que Luis Posada Carriles, miembro de la CIA y el terrorista más peligroso de este hemisferio siga viviendo libremente y transitando por las calles de Miami sin responder a la solicitud de extradición del gobierno de Venezuela, para que cumpla su condena por haber asesinado a 73 seres humanos a bordo del Avión de Cubana en pleno vuelo el 6 de octubre de 1976.

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